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SOBRE LA FUNDACION CADP

La Fundación CAPD (Coloradans for Alternatives to the Death Penalty Foundation, Residentes de Colorado a favor de Alternativas para la Pena de Muerte) es una organización comunitaria de base dedicada a la educación del público sobre los problemas y las injusticias del sistema de penas capitales en Colorado y también dedicada a promover alternativas compasivas a la pena de muerte. CAPD se fundó en 1997 y desde entonces ha sido la organización líder en Colorado a favor de la abolición de la pena de muerte.

Existen muchas razones por las que la pena de muerte debe ser abolida: crea más víctimas y pone a las familias de las víctimas en un doloroso y largo proceso, ya que de promedio, entre la sentencia y la ejecución, pasan 20 años. Sin embargo, en Colorado, existen otras tres razones: inocencia, justicia y costo.

Nosotros, los miembros de CADP, buscamos honrar la vida al abolir la pena de muerte en Colorado, por lo que pedimos que el estado no le quite la vida a nadie en nuestro nombre. Por eso, convocamos a marchas, organizamos foros educativos, hacemos presentaciones y participamos de eventos públicos para abogar a favor de que los residentes de Colorado eliminen este quebrantado sistema.

Debido a que no podemos trabajar solos en este tema, CADP trabaja junto con varias otras organizaciones, incluyendo la National Coalition to Abolish the Death Penalty, Equal Justice USA, Murder Victims’ Families for Human Rights, Murder Victims’ Families for Reconciliation, the Journey of Hope, Witness to Innocence, ACLU, Colorado Criminal Defense Bar, Amnesty International, la Conferencia Católica, y el Concilio de Iglesias de Colorado.

También necesitamos de usted. CADP necesita su apoyo para lograr nuestra meta de terminar con la pena de muerte. Juntos podemos abolir la pena de muerte en Colorado. Contáctese con CADP para hacer una presentación en su iglesia o grupo comunitario. Nuestros oradores incluyen a personas que fueron exoneradas de pena de muerte, familiares de personas asesinadas, abogados defensores, investigadores, ex guardiacárceles y oficiales de las fuerzas del orden. Envíe un mensaje a info@coadp.org o llame al 303-495-2910 para unirse a nosotros en esta lucha.

¿ES LA LEY JUSTA Y EQUITATIVA?

Nuestro sistema de justicia criminal debería tratar a todas las personas de manera justa y equitativa, sin importar dónde vivan, cuánto dinero tengan o cuál sea el color de la piel.

Sin embargo, las personas de grupos minoritarios tienen más posibilidades de ser condenadas a muerte, especialmente si la víctima es blanca.
El estudio RACE, GENDER, REGION AND DEATH SENTENCING IN COLORADO, 1980–1999, publicado por la Universidad de Colorado en el 2006, encontró que las decisiones de la fiscalía con respecto a la pena de muerte en este estado varían considerablemente de región a región y son influenciadas por la raza, la etnicidad y el género de la víctima asesinada.

La diferencia entre ser condenado a muerte y ser condenado a cadena perpetua son libertad condicional en muchos casos depende de dónde se cometió el crimen. En algunos condados se condena a alguien a muerte por el mismo crimen que en otros condados sólo recibe cadena perpetua.

Los condados Jefferson, Arapahoe y Adams piden la pena de muerte con dos veces más frecuencia que los otros condados de Colorado. Los tres hombres con pena de muerte en Colorado son afroamericanos y del Condado Arapahoe.

Todos los asesinatos son horribles. Sin embargo, se supone que la pena de muerte se reserva sólo para los peores casos de asesinatos. Pero distintas personas tienen distintas opiniones sobre qué significa “lo peor de lo peor”. Por eso, es imposible crear un sistema humano que sea objetivo y consistente al seleccionar quién será condenado a muerte.

EL COSTO DE LA PENA DE MUERTE

Es extremadamente difícil calcular el costo total de los casos de pena de muerte, porque el costo de esos casos nunca se detalla en ningún presupuesto. Los costos forman parte de procedimientos legales, de las horas de trabajo de los jueces, secretarios de juzgados y fiscales, y del trabajo del personal de las fuerzas de seguridad. Algunos costos se pueden descubrir, como se indica más abajo:

En Colorado, cuesta 20 veces más llevar adelante un caso de pena de muerte de lo que cuesta juzgar un caso de asesinato en primer grado en el que no se pide la pena de muerte.

Al estado le cuesta un 15% más por año alojar a un condenado a muerte de lo que cuesta alojar a un condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Y eso no incluye el costo de las apelaciones. Estos recursos fiscales podrían ser mejor utilizados.
¿Por qué cuesta tanto?

Porque se está decidiendo sobre la vida de una persona y es importante estar seguros que no se cometa un error o se condene a un inocente. Por eso, estos casos involucran más abogados, más testigos y más expertos. Además, el proceso de selección del jurado es más largo, hay más mociones antes del juicio, y la sentencia se dicta en un juicio por separado. También existen otros muchos costos adicionales, por lo que el costo es exorbitante incluso antes de que comiencen las apelaciones.

INOCENCIA

Desde 1973, 140 hombres y mujeres fueron erróneamente convictos y finalmente liberados de la pena de muerte en Estados Unidos. Otros, de los que ahora se cree que eran inocentes, fueron ejecutados, como Cameron Todd Willingham, de Texas, de quien los expertos dicen que fue erróneamente convicto de provocar un incendio en el que murieron sus tres niños.

En Colorado, el sistema judicial local también comete errores.

Tim Masters fue convicto de asesinato en primer grado por la muerte de Peggy Hettrick en 1987. Masters siempre se declaró inocente. Tras perder dos apelaciones, finalmente se le concedió un nuevo juicio y fue exonerado en 2007, tras diez años en prisión por un crimen que no cometió. Si este hubiese sido un caso de pena de muerte, Colorado hubiese cometido el irrevocable error de ejecutar una persona inocente. (El verdadero asesino de Hettrick nunca fue identificado.)

David Bueno fue acusado de asesinato en primer grado por apuñalar a un preso en la cárcel de Limón en 2004. En el 2008, se le llevó a juicio, con la posibilidad de la pena de muerte. Bueno fue declarado culpable, pero el jurado rechazó la pena de muerte y lo condenó a cadena perpetua sin libertad condicional. Luego se descubrió que la fiscalía había ocultado evidencia clave durante el juicio. Un juez declaró el juicio nulo por lo que Bueno deberá ser juzgado nuevamente.